Buenas mis queridos padawans, hoy les vengo a contar que el pasado 4 de julio, cientos de jóvenes marcharon en colonias emblemáticas de la Ciudad de México como Roma y Condesa contra la gentrificación, exigiendo medidas como control de rentas, límites a Airbnb y prioridad para residentes locales. Bajo lemas como “Gentrificación no es progreso, es despojo” y “Tu Airbnb era mi casa”, denunciaron el incremento desmesurado en arrendamientos y el desplazamiento continuo de familias.
Organizaciones civiles y expertos apuntan que la gentrificación —impulsada por turismo de masas, nómadas digitales y políticas neoliberales— acarrea varios efectos negativos: desplazamiento de población de bajos ingresos, cierre de negocios tradicionales, aumento en la desigualdad urbana y pérdida de identidad comunitaria. En la Ciudad de México, el repunte de este proceso se traduce en una reforma del tejido social: barrios históricos se transforman en vitrinas para extranjeros, lo cual provoca tensiones culturales, lingüísticas y económicas.
Por su parte, el gobierno capitalino ha promovido asambleas vecinales en zonas afectadas y anunció nuevas regulatorias para alquileres y turismo. Sin embargo, activistas y académicos insisten en que las políticas actuales —incluyendo límites temporales a Airbnb y leyes de vivienda— resultan insuficientes, pues señalan que la crisis habitacional sigue siendo estructural y no basta con atajar el turismo si no se frena la especulación inmobiliaria. Por ende, el reto real, indican, reside en avanzar hacia modelos de ciudad que prioricen los derechos de los residentes y reconstruyan el tejido comunitario sin excluir a los sectores más vulnerables.