El gobierno federal, encabezado por la presidencia de Claudia Sheinbaum, presentó una propuesta para reducir gradualmente la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, con un cronograma oficial que iniciaría en 2027 y alcanzaría la meta en 2030. El plan contempla disminuir dos horas laborales por año: 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 para 2030.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta críticas de organizaciones obreras como el Frente Nacional por las 40 Horas, que advierten sobre “engaños” a la clase trabajadora: denuncian que la gradualidad representa un retraso de casi 100 años en relación con estándares internacionales y acusan al gobierno de privilegios hacia el sector empresarial. Aseguran además que la escasez de inspectores laborales —solo 600 para supervisar millones de centros de trabajo— hace inviable garantizar el cumplimiento real de la reforma, lo que podría volverla una promesa vacía.
De igual forma, especialistas en derecho laboral coinciden en que, si se implementa correctamente, la jornada de 40 horas podría ofrecer beneficios tanto para trabajadores como para empleadores: menos agotamiento, mayor productividad, mejor equilibrio entre vida laboral y personal, y reducción de rotación de personal. Además, podría incentivar la generación de empleos —al necesitar más trabajadores para cubrir las mismas horas-hombre— y favorecer un entorno laboral más sostenible y competitivo.