En un movimiento que ha generado controversia, Estados Unidos deportó a El Salvador a 137 presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, utilizando la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros. Esta acción desafió la decisión de un juez que había ordenado detener las deportaciones bajo esta normativa, quien había emitido una orden para detener estas deportaciones y pidió que cualquier avión en vuelo con migrantes deportados regresara.
Sin embargo, el gobierno de Donald Trump continuó con el proceso, argumentando que la pandilla representa una amenaza para la seguridad nacional. El Tren de Aragua es una organización criminal que surgió en una prisión venezolana y ha expandido su influencia en varios países. Trump y su administración han convertido a esta banda en el símbolo del peligro que, según ellos, representan los inmigrantes ilegales.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele confirmó la llegada de los deportados y anunció que fueron trasladados al Centro de Reclusión contra el Terrorismo (CECOT) por un año renovable. Además, reveló que Estados Unidos pagará seis millones de dólares a El Salvador por albergar a aproximadamente 300 de estos presuntos criminales. El gobierno salvadoreño ha sido reconocido por su mano dura contra el crimen. Sin embargo, organismos internacionales han señalado preocupaciones sobre la falta de debido proceso en muchos de estos arrestos.
El gobierno de Venezuela reaccionó con indignación a la medida, acusando a Trump de criminalizar a los migrantes venezolanos sin pruebas suficientes. Según el comunicado oficial venezolano, esta política viola el derecho internacional y afecta a miles de migrantes que han abandonado su país en busca de mejores oportunidades. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación sobre el proceso con el que Estados Unidos identificó a estos deportados como miembros del Tren de Aragua, señalando que en algunos casos no se presentaron pruebas verificables.